Para conmemorar este día, CERMI Extremadura ha organizado un acto junto con el Ayuntamiento de Mérida en el que se ha dado lectura al manifiesto por parte de la concejala de Diversidad Funcional e inclusión del Ayuntamiento de Mérida, Susana Fajardo y en el que ha intervenido el presidente de CERMI Extremadura, Jesús Gumiel; el presidente de CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno; y el alcalde del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.

 

Además, al acto han asistido responsables del CERMI Extremadura, en concreto el vicepresidente de Derechos sociales y bienestar, Pedro Calderón Rodríguez; el vicepresidente de Inclusión Laboral, Severiano Sevilla Caletrio; el vicepresidente de Salud y Espacios Sociosanitarios, Modesto Díez Solís; el secretario general, Venancio Ortiz Silva; y el tesorero, Narciso Martín Gil.

 

Por parte de la Junta de Extremadura, también han asistido la directora general de Accesibilidad y Centros, María de los Ángeles López Amado; y la directora General de Vivienda, María Isabel Vergara Sánchez

 

Durante el acto, se ha reclamado que la discapacidad sea tenida “muy en cuenta” en la ordenación y aseguramiento del derecho a la vivienda. Y es que, tal y como se recalca en el manifiesto “toda persona tiene derecho a vivir en su domicilio con el soporte que precisa y perteneciendo y participando de su comunidad”.

 

De esta manera, tal y como reza el manifiesto, CERMI Extremadura considera necesario llevar a cabo dos medidas “de calado”. Por un lado, la aprobación de una Ley General de Garantía del Derecho Social a la Vivienda, así como el aumento del parque público de vivienda, dedicando al menos el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) a asegurar esta finalidad.

 

 

Además, hace especial hincapié en la accesibilidad universal, que “debe ser la norma que guíe los principios y actuaciones de las políticas públicas y normativas vinculadas a la vivienda, ya que, de lo contrario, se excluirá a las personas con discapacidad”. En este sentido, exige que se adapte el parque construido para garantizar que “ninguna persona quede aislada en su vivienda, recluida por ausencia de condiciones de accesibilidad y diseño universales”.

 

En relación a esto, desde CERMI Extremadura piden que se resuelvan “con urgencia” algunas demandas, entre las que se encuentra la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que las obras y actuaciones de accesibilidad sean obligatorias para la comunidad de propietarios cuando vengan solicitadas por vecinos con discapacidad o mayores de 70 años, con independencia de su coste-

 

También exigen que se impulsen reformas para que el Registro de la Propiedad recoja datos sobre las condiciones de accesibilidad de los inmuebles, edificios y viviendas, con el objetivo de que los potenciales adquirentes y usuarios con discapacidad o en cuya unidad familiar haya una persona con discapacidad, puedan conocer de antemano esta información tan relevante y facilitar su decisión de compra o arrendamiento.

 

De la misma manera, abogan por la creación de un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal y por desplegar políticas oficiales y adoptar medidas que proporcionen y mantengan una oferta pública de viviendas accesibles a disposición de las personas con discapacidad

 

 

Desde CERMI Extremadura, aseguran que las personas con discapacidad, en general, presentan una elevada dependencia de instancias ajenas a la propia persona, al entorno familiar o a prestaciones o recursos públicos o de la sociedad civil. Por ello, defienden que sean considerados como un grupo preferente en las políticas públicas de vivienda, para proporcionarles soluciones habitacionales dignas, adecuadas y libremente elegidas.

 

Igualmente, exigen que se haga efectivo el derecho de las personas con discapacidad a elegir dónde, cómo y con quién vivir, garantizando los apoyos que lo hagan posible. En este sentido, abogan por que las políticas sociales y las de vivienda se aúnen para que se produzca, mediante estrategias públicas vigorosas, un tránsito a formas de vida inclusiva e independiente, que permita la vida en la comunidad de pertenencia y la participación social de las personas con discapacidad, como, por ejemplo, la vivienda colaborativa.

 

Por todo ello, CERMI Extremadura considera que la discapacidad organizada y el Tercer Sector de Acción Social han de ser considerados como “agentes cívicos de referencia en la cocreación y cogobernanza de las políticas públicas oficiales de vivienda, en todos sus niveles”.